Conectividad y protección de datos: La apuesta del primer borrador de la constitución de Chile

María Francisca Martinez
Escrito por: María Francisca Martinez el May 24, 2022 3:28:54 PM

Chile atraviesa un proceso de transformación política y social que ha llevado al país a un cambio profundo, reflejado en la redacción de una nueva constitución política impulsada por la votación de su propia ciudadanía. 

Si bien no ha sido un proceso exento de polémicas, a los ojos del mundo se ha visto como un ejemplo de innovación: comenzando por el principio de ser paritaria, algo totalmente inédito a nivel mundial (77 mujeres y 78 hombres), donde también existe un principio de diversidad en formación de sus integrantes (desde abogado/as, profesore/as, periodistas, sociólogo/as, científico/as e ingeniero/as), representatividad de pueblos indígenas, pluralidad en ideologías políticas e inclusión de personas LGTBQ+ y personas en situación de discapacidad.

Toda esta pluralidad y diversidad ha logrado proponer el primer borrador, de lo que podría ser la nueva constitución de Chile. Actualmente se encuentra en una etapa de estudio por la ciudadanía, revisión por una comisión de armonización y posteriormente será sometido a un plebiscito para decidir si será aceptada o no.

En esta nota, queremos analizar los principales artículos que componen esta constitución y que dan enfoque a la digitalización, conectividad y protección de datos de la ciudadanía, los cuales de ser aprobados o no, presentan una base de modernización importante en cuánto a nuestros sistemas políticos.

En base a esto, conversamos con la María Lorena Rossel, Doctora en Derecho y Académica investigadora de la Carrera de Derecho de UDLA, en Viña del Mar, sobre algunos puntos comprendidos en este borrador y el impacto en el talento e industria tecnológica.

 

Modernización del estado y derecho a la conectividad

El borrador de la constitución de Chile establece la conformación de un organismo público para asegurar y monitorear la constante modernización del estado, tanto a nivel de servicios del estado como de trabajadores.

María Lorena Rossel indica, en ese sentido, que es algo natural que los países tengan esa tendencia a buscar la modernización del estado; sin embargo, es algo completamente innovador que se haga a nivel constitucional. Recordemos que la constitución es una norma fundamental en todos los países que rige por sobre toda ley.

En línea con este mismo punto, podríamos esperar que se afecte de manera estructural cómo funcionan trámites y servicios públicos. 

“Si bien el Gobierno anterior había impulsado un plan de modernización el año 2019, el borrador de la nueva Constitución exige que su funcionamiento se realice de conformidad a las condiciones sociales, ambientales y de la comunidad. Además, estas normas imponen al Estado la participación ciudadana en los procesos de modernización y la consideración a las personas y a las comunidades”. También, impone al Estado la obligación de contar con una orgánica para promover la modernización del Estado, lo que hasta ahora solo existía a nivel de políticas de Gobierno, pero no como política de Estado” indica María Lorena. 

Según su punto de vista, todas estas iniciativas impactarán positivamente en la población, ya que, en sus palabras, el borrador podría garantizar no solo la eficiencia y eficacia de la administración del Estado, sino además la celeridad en su actuar, objetividad, participación, buen trato y primacía del interés general entre los principios consagrados en el Artículo 29 del borrador.

Siguiendo en esta línea, la nueva modificación también podría impulsar la inversión del estado, ya sea en la orgánica que elaborará los planes, así como en la inversión de recursos humanos y tecnológicos para impulsar esta modernización.

Otro punto importante a considerar sobre modernización y nuevas tecnologías es que se plantea la conectividad como derecho constitucional. Y este derecho va más allá de solo conectividad territorial de la que ya hablaba la antigua constitución , sino también abarca al aspecto de conectividad de datos.

Dentro de lo considerado como “derechos culturales” se establece la obligación del Estado de “promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones, servicios de conectividad y tecnologías de la información y comunicación”. En base a esto María Lorena comenta que:

“La conectividad es fundamental para asegurar la educación, la libre expresión, la participación e inclusión en la cultura de una nación, como asimismo para el desarrollo social y económico. El borrador de la nueva Constitución exige al Estado adoptar medidas para asegurar la conectividad tanto física o territorial, como digital, lo que constituye un gran desafío en cuanto a contar con la infraestructura necesaria para acceder a los espacios públicos (accesibilidad universal) y al espacio digital, a las tecnologías de información y comunicación (conectividad digital)”. 

Además, agrega que todos estos principios implican la obligación del Estado de invertir en la infraestructura necesaria para permitir el acceso universal a las tecnologías, de manera de superar las brechas de acceso a estos recursos.

 

Derecho a la privacidad, datos personales y metadatos

Es tendencia mundial el aumento de las exigencias en cuanto a manejo de la información y datos personales que recolectan los sitios web como diferentes organizaciones. 

Si bien esto ya está regulado a través de leyes que definen los principios de uso de datos y no sería una novedad, Chile es uno de los primeros países en considerarlo parte de su constitución y definir principios base para la ley.

“Lo que es novedoso es que el borrador contempla lo que denomina la autodeterminación informativa, esto es que el tratamiento de los datos personales se somete a los principios de licitud, lealtad, calidad, transparencia, seguridad, limitación de la finalidad y minimización de datos. De aprobarse el nuevo texto, la ley deberá determinar el manejo de datos sobre la base de estos principios, además sobre el derecho de las personas a oponerse al tratamiento de sus datos y a obtener su rectificación, cancelación y portabilidad.” Nos comenta María Lorena.

Otro artículo del borrador de la nueva constitución además se refiere al uso de metadatos, documentación y comunicación privada, considerándola inviolable. Los metadatos funcionan de maneras tan diversas como en la búsqueda y análisis de información, en la identificación de documentos, lo hemos visto además en nuevas aplicaciones como el uso de nfts o inclusive en algo tan cotidiano como la información que almacenan nuestras propias cámaras digitales.

Todos estos metadatos, al pasar a considerarse algo constitucional aseguraría su inviolabilidad y el deber de generar buenas prácticas también para las empresas.

Maria Lorena Rossel agrega en este sentido: “En el borrador de la nueva Constitución se asegura la inviolabilidad de esta información, de manera que las personas podremos definir qué hacer o qué no hacer con esta información. Ello implica en la práctica que las empresas que posean estos metadatos deberán informar a las personas sobre su uso y pedir autorización para su manipulación”.

La adopción de estas medidas a nivel constitucional dan nuevas perspectivas para Chile, y la región, para la construcción proactiva de una economía digital que brinde más, mejores y equitativas oportunidades a todas las personas.

Este borrador (que aún se encuentra en etapa de evaluación y le queda un largo proceso para ser aprobado o rechazado), nos entrega las bases para cuestionarnos las necesidades de un mundo que ya cambió, donde la tecnología y conectividad pasan a ser una preocupación a nivel de políticas de estado para Latinoamérica. 

Tópicos: Chile, Conectividad, Protección de datos, Políticas públicas

¡Suscríbete al newsletter!

Déjanos tus datos y recibe mensualmente actualizaciones de nuestro contenido.

Artículos destacados

Frame 176 (2)